J.M Álvarez
21/6/2006
Extraído de la web de SRI
¿Las actitudes del Estado Español son propias de quien dice estar dispuesto a negociar el fin de la violencia en Euskal Herria, excarcelar a los presos políticos y permitir sin interferencias (como ha hecho en Cataluña comparando a la burguesía catalana para diluir el Estatuto original), que el pueblo vasco decida sobre su independencia?
Recientemente, la Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la prisión incondicional para tres militantes comunistas acusados de pertenecer a la organización armada de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Detenidos hace pocos días, se les imputó un delito de integración en una organización que se distingue por aparecer y desaparecer a pesar de anunciarse su liquidación total en infinidad de ocasiones. El encarcelamiento se ha llevado a cabo pese a que todos negaran pertenecer a los GRAPO y reconocieran ser militantes del ilegalizado Partido Comunista de España (reconstituido), más conocido como PCE(r).
El origen andaluz de uno de los detenidos (Juan García Martín) propició que coincidiéramos, hace algún tiempo, con motivo de su excarcelación tras haber cumplido una condena de 20 años a causa de su militancia comunista. En aquella ocasión tuve la oportunidad - no exenta de curiosidad debido a la fama de monstruos que el régimen genera en torno a los disidentes revolucionarios- de intercambiar con él algunas palabras, y me pareció una persona tranquila y sencilla, muy diferente del fanático despiadado que los medios de intoxicación se afanan en presentar.
No pasó mucho tiempo hasta que un día, curioseando en los portales digitales de los cuerpos represivos del Estado Español, me sorprendió ver publicada su foto porque estaba, de nuevo, en busca y captura, ya que la Audiencia Nacional había dictado otra orden de detención contra él en el año 2004 (cuatro después de su última puesta en libertad) por el delito de pertenencia a banda armada.
Sabemos de las pocas oportunidades de integración que tienen los que, por una razón u otra, pasan por las cárceles de exterminio españolas y logran salir vivos de llas. Las perspectivas de reinserción para los ex-presos comunes son casi nulas, e inadmisibles para los militantes antifascistas, pues éstos conservan el espíritu de lucha que les enfrenta con esa democracia de los millonarios, contumaz constructora de recintos carcelarios con el propósito de excluir y eliminar, tanto a los presos comunes como a los presos políticos; por lo tanto, era de esperar que García Martín continuara en el camino de la lucha política revolucionaria, y como ésta es imposible desarrollarla en la plutocracia, debería reincorporarse, como han apuntado los medios del régimen, al PCE(r) y descartaría integrarse en el PSOE de Zapatero (estaría bueno).
El PCE(r) es, por imperativo de la Ley de Partidos, un partido ilegal porque no condena la violencia terrorista, también vista como lucha armada por otros sectores de la sociedad. Su utilización o no, en las circunstancias actuales, es materia de otro debate. Dicha ley determina que un partido es ilegalizado si presta apoyo al terrorismo cuando éste se desarrolla para lograr objetivos políticos. Pero no es de recibo condenar las acciones violentas de unos e ignorar las de otros, como ocurre en este país. Recordemos que los informes del Relator de la ONU contra la Tortura denuncian el uso sistemático de la violencia contra los independentistas vascos y grupos disidentes, por no hablar de la guerra sucia. Incluso Amnistía Internacional considera que la ley, por su ambigüedad, puede ser utilizada para ilegalizar partidos que propugnan cambios constitucionales de forma pacífica. Independientemente de lo expuesto, una cosa es no condenar el terrorismo o la lucha armada (según lo entienda cada uno), y otra practicar la violencia. En ese sentido, el PCE(r) siempre ha declarado que apoya la lucha armada, pero no la practica.
Cuando se produjeron las detenciones, el periódico fascista ABC informó que se encontraron datos de gran valor, los cuales "demostrarían" que el PCE(r) y los GRAPO son una misma organización, pero no ofreció documentos que avalaran su noticia. Al mismo tiempo admitió, al menos por omisión, que no se encontraron armas en el registro. Desde luego no deja de ser curioso que un peligroso comando terrorista, al que la Policía persigue incansablemente, carezca de armamento para defenderse. Sin embargo, el ABC si que se cuidó mucho de no informar sobre las vejaciones y torturas a las que, según Socorro Rojo Internacional (SRI), fueron sometidos los detenidos. Estas detenciones hay que inscribirlas en la política mentirosa y tramposa que el Estado Español lleva desarrollando desde tiempos inmemoriales. Resulta obvio que el régimen de Madrid, aunque hable de paz y diálogo, sigue deteniendo revolucionarios y utilizando la estrategia del "todo es GRAPO" para reprimirlos, como ya sucediese en Euskal Herria con el llamado "entorno de ETA" y el "todo es ETA".
Lo sucedido provoca una reflexión inmediata de cara al futuro: ¿Estas actitudes son propias de un Estado que dice estar dispuesto a negociar el fin de la violencia en Euskal Herria, excarcelar a los presos políticos y permitir sin interferencias (como ha hecho en Catalunya comprando a la burguesía catalana para diluir el Estatuto original) que el pueblo vasco decida sobre su independencia? Largo me lo fíais...
21/6/2006
Extraído de la web de SRI
¿Las actitudes del Estado Español son propias de quien dice estar dispuesto a negociar el fin de la violencia en Euskal Herria, excarcelar a los presos políticos y permitir sin interferencias (como ha hecho en Cataluña comparando a la burguesía catalana para diluir el Estatuto original), que el pueblo vasco decida sobre su independencia?
Recientemente, la Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la prisión incondicional para tres militantes comunistas acusados de pertenecer a la organización armada de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO). Detenidos hace pocos días, se les imputó un delito de integración en una organización que se distingue por aparecer y desaparecer a pesar de anunciarse su liquidación total en infinidad de ocasiones. El encarcelamiento se ha llevado a cabo pese a que todos negaran pertenecer a los GRAPO y reconocieran ser militantes del ilegalizado Partido Comunista de España (reconstituido), más conocido como PCE(r).
El origen andaluz de uno de los detenidos (Juan García Martín) propició que coincidiéramos, hace algún tiempo, con motivo de su excarcelación tras haber cumplido una condena de 20 años a causa de su militancia comunista. En aquella ocasión tuve la oportunidad - no exenta de curiosidad debido a la fama de monstruos que el régimen genera en torno a los disidentes revolucionarios- de intercambiar con él algunas palabras, y me pareció una persona tranquila y sencilla, muy diferente del fanático despiadado que los medios de intoxicación se afanan en presentar.
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| Símbolo de los GRAPO |
Sabemos de las pocas oportunidades de integración que tienen los que, por una razón u otra, pasan por las cárceles de exterminio españolas y logran salir vivos de llas. Las perspectivas de reinserción para los ex-presos comunes son casi nulas, e inadmisibles para los militantes antifascistas, pues éstos conservan el espíritu de lucha que les enfrenta con esa democracia de los millonarios, contumaz constructora de recintos carcelarios con el propósito de excluir y eliminar, tanto a los presos comunes como a los presos políticos; por lo tanto, era de esperar que García Martín continuara en el camino de la lucha política revolucionaria, y como ésta es imposible desarrollarla en la plutocracia, debería reincorporarse, como han apuntado los medios del régimen, al PCE(r) y descartaría integrarse en el PSOE de Zapatero (estaría bueno).
El PCE(r) es, por imperativo de la Ley de Partidos, un partido ilegal porque no condena la violencia terrorista, también vista como lucha armada por otros sectores de la sociedad. Su utilización o no, en las circunstancias actuales, es materia de otro debate. Dicha ley determina que un partido es ilegalizado si presta apoyo al terrorismo cuando éste se desarrolla para lograr objetivos políticos. Pero no es de recibo condenar las acciones violentas de unos e ignorar las de otros, como ocurre en este país. Recordemos que los informes del Relator de la ONU contra la Tortura denuncian el uso sistemático de la violencia contra los independentistas vascos y grupos disidentes, por no hablar de la guerra sucia. Incluso Amnistía Internacional considera que la ley, por su ambigüedad, puede ser utilizada para ilegalizar partidos que propugnan cambios constitucionales de forma pacífica. Independientemente de lo expuesto, una cosa es no condenar el terrorismo o la lucha armada (según lo entienda cada uno), y otra practicar la violencia. En ese sentido, el PCE(r) siempre ha declarado que apoya la lucha armada, pero no la practica.
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| Cuatro miembros de los GRAPO difundiendo un comunicado en vídeo |
Lo sucedido provoca una reflexión inmediata de cara al futuro: ¿Estas actitudes son propias de un Estado que dice estar dispuesto a negociar el fin de la violencia en Euskal Herria, excarcelar a los presos políticos y permitir sin interferencias (como ha hecho en Catalunya comprando a la burguesía catalana para diluir el Estatuto original) que el pueblo vasco decida sobre su independencia? Largo me lo fíais...
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